Weretilneck y cinco intendentes demandaron a Nación por el deterioro de la Ruta 151

Se presentó una acción de amparo colectivo en el juzgado federal de Roca. Piden medidas cautelares urgentes y la reparación integral de los 150 kilómetros de la traza.

Con una acción de amparo colectivo contra el Estado nacional y la Dirección Nacional de Vialidad, el gobernador Alberto Weretilneck, junto a cinco intendentes del Alto Valle, cámaras empresariales y la defensoría del Pueblo, busca que la Justicia intervenga por el deterioro de la Ruta Nacional 151 y ordene la reparación integral.

La traza de la ruta en Río Negro transita 150 kilómetros desde Cipolletti hasta el límite con La Pampa, más al norte de Catriel, y presenta un alto nivel de deterioro con deformaciones del tipo ahuellamiento, descascaramientos y baches, según el informe técnico que elaboró Vialidad Rionegrina al que accedió Diario RÍO NEGRO el mes pasado.

El Gobierno había anunciado a fines de mayo su intención de demandar al Estado nacional por el mal estado de cuatro rutas troncales para la integración provincial y las economías regionales como la 151, 22, 23 y 40.

La acción es la primera que fue promovida por la Fiscalía de Estado ante el juzgado federal de General Roca, que ya dio curso y corrió traslado a Vialidad Nacional para responder, según informó la Provincia este sábado, al precisar que se otorgaron cinco días para responder por el estado de abandono de la ruta en el contexto de la medida cautelar que establece una serie de mejoras urgentes en la traza.

Las medidas cautelares solicitadas incluyen «la señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes, además de un plan técnico y presupuestario que garantice la ejecución de las obras, con informes periódicos sobre los avances».

La presentación judicial fue firmada por el gobernador y el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande); y los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Bunter; de la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, Federico Paolo; y de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo.

Los fundamentos de la acción judicial por la Ruta 151

Según informó el Gobierno «la presentación busca proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que la usan a diario, señalando que la falta de mantenimiento afecta gravemente los servicios esenciales, actividades productivas y la economía regional».

En la acción judicial se fundamentó que el estado de la ruta obstaculiza el servicio de salud pública, con más de 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025 que deben circular por ese tramo; la educación, afectando el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas; y actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, esta última vinculada a la producción del 72% del petróleo y el 42% del gas.

La demanda también denuncia la «desnaturalización del régimen de financiamiento vial, evidenciando que, pese a existir recursos específicos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles que debe destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, esos fondos han sido desviados, dejando a rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso», detalló el Gobierno al difundir la medida judicial impulsada en la que se invoca la ley de tránsito y pactos internacionales.

«Esta demanda representa un paso firme del gobierno de Río Negro para defender los derechos de sus habitantes frente a la inacción del Estado Nacional, que tiene la competencia exclusiva sobre las rutas nacionales y el deber de mantenerlas en condiciones seguras», esgrimió la Provincia quien remarcó que este caso podría generar un precedente judicial para que otras provincias exijan judicialmente obras públicas «ante omisiones estructurales del Estado central».

El estado de las rutas nacionales fue tomado como bandera por parte del gobernador que tomó impulso a fines de mayo y sumó diversos sectores y voces críticas respecto de las trazas de jurisdicción federal.